CIUDAD DE GUATEMALA, 28 mar (NNN-ANDINA) — Guatemala inició el viernes la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para albergar a 2.000 reclusos de alta peligrosidad, principalmente integrantes de estructuras pandilleriles, sin replicar el modelo de la megaprisión salvadoreña, según confirmaron las autoridades nacionales.
El nuevo penal se edificará en una finca confiscada al narcotráfico en el departamento de Izabal, ubicado a 290 kilómetros al noreste de la capital, y constituye una de las medidas estratégicas para contener la acción de las pandillas, que en meses recientes han ejecutado ataques contra efectivos policiales y promovido motines en diversos centros de detención del país.
Tras la ceremonia de colocación de la primera piedra, presidida por el presidente Bernardo Arévalo, las autoridades descartaron que la prisión guatemalteca sea una réplica del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde miles de detenidos permanecen recluidos en el marco de la “guerra” antipandillas impulsada por el mandatario Nayib Bukele.
El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, aclaró ante la prensa que el nuevo centro penitenciario cumplirá con estándares internacionales que establecen un máximo de dos reclusos por celda, evitando así el sistema de alojamiento colectivo característico del Cecot. Por su parte, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, enfatizó que “el modelo de Guatemala respeta la integridad humana, las órdenes judiciales y el debido proceso”, subrayando que el país se mantiene dentro de su marco legal y de los derechos humanos.
Cabe recordar que Bukele implementó hace cuatro años en El Salvador un régimen de excepción bajo el cual han sido detenidas aproximadamente 91.000 personas sin orden judicial, una medida que, según organizaciones de derechos humanos, ha derivado en graves violaciones a las garantías fundamentales de los detenidos.
La prisión guatemalteca será construida con una inversión de 130 millones de dólares por ingenieros del Ejército en un terreno incautado en 2012 a un narcotraficante local condenado en Estados Unidos. “Esta finca fue adquirida con dinero proveniente de actividades ilícitas… usada para robarse nuestra paz y la seguridad. Hoy este mismo lugar está siendo convertido en un recurso para proteger”, afirmó Arévalo durante el acto inaugural.
En el sitio ya se encuentra maquinaria pesada para iniciar los trabajos de construcción, que las autoridades proyectan concluir en un plazo de 12 meses. La medida se adopta en un contexto de recrudecimiento de la violencia pandilleril; a mediados de enero, miembros de la estructura Barrio 18 ejecutaron una serie de ataques que dejaron como saldo 11 agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos.
— NNN-ANDINA
