QUITO, 23 feb (NNN-TELESUR) — La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador mantiene la alerta roja en seis provincias andinas y costeras, ante la persistencia de intensas precipitaciones que han puesto en riesgo la seguridad de comunidades e infraestructuras.
Las provincias con alerta roja son Pichincha, Loja y Carchi en la región andina, además de Los Ríos, Guayas y Esmeraldas en la costa. Es crucial subrayar que Esmeraldas colinda con Colombia, lo que añade complejidad a la coordinación de respuestas en la frontera.
La medida fue oficializada el pasado viernes, cuando las autoridades anunciaron la activación de sesiones permanentes para monitorear la evolución de la situación y coordinar esfuerzos de mitigación. El sábado, la SNGR confirmó que el nivel de alerta se mantiene, en un contexto de lluvias persistentes que podrían provocar desbordamientos de ríos, crecidas y deslizamientos de tierra.
Con el objetivo de cubrir un espectro más amplio de posibles eventualidades, la SNGR declaró alerta naranja en quince provincias y alerta amarilla en dos más. Estas decisiones reflejan la necesidad de una respuesta escalonada: mayor capacidad de respuesta y monitoreo en las zonas más afectadas, y medidas preventivas en territorios vecinos que podrían verse vulnerables ante cambios en las condiciones climáticas.
Entre las incidencias más destacadas figuran desbordamientos en ríos que han afectado a cantones y parroquias, así como deslizamientos en zonas de ladera, que han obligado a activar planes de contingencia y desplegar equipos de rescate y asistencia humanitaria. En Chimborazo, el cantón Alausí registró un aluvión que obligó al cierre temporal del tren de la Nariz del Diablo, un atractivo turístico de relevancia nacional reabierto en agosto pasado.
Las cifras de la temporada invernal en Ecuador señalan que entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2026 se contabilizaron 732 eventos adversos asociados a las lluvias. Estos hechos afectaron a 23 provincias, 149 cantones y 392 parroquias, marcando la necesidad de una coordinación interinstitucional más estrecha y políticas de resiliencia que reduzcan la vulnerabilidad de comunidades ante eventos climáticos extremos.
— NNN-TELESUR
