KUALA LUMPUR, 5 feb (NNN-BERNAMA) — El gobierno, a través de la Agencia de Transporte Público Terrestre (APAD), planea desarrollar una base de datos integrada entre diferentes agencias. Este sistema se centrará en los conductores de vehículos pesados para permitir una aplicación de la ley y un monitoreo más efectivos y preventivos.
El viceministro de Transporte, Datuk Hasbi Habibollah, explicó que el objetivo principal es identificar los antecedentes de los conductores en una etapa temprana. Se busca evitar de manera proactiva que aquellos con infracciones reiteradas o historiales problemáticos sigan operando en el sector del transporte de carga y pasajeros.
“El desarrollo de este sistema se llevará a cabo por fases, con un enfoque claro en la integración con las bases de datos existentes”, declaró el viceministro. Las agencias involucradas incluyen el Departamento de Transporte Terrestre (JPJ), la Policía Real de Malasia (PDRM), la Agencia Nacional Antidrogas (AADK) y otras agencias relevantes, en línea con el Plan de Seguridad Vial de Malasia 2022-2030.
“Uno de los objetivos fundamentales es permitir el intercambio de datos en tiempo real entre instituciones. Con la tecnología digital avanzada disponible, todo esto es técnicamente posible, ya que podemos fusionar y compartir datos de manera segura y eficiente”, dijo Hasbi durante la sesión parlamentaria.
La integración completa de datos permitiría a las autoridades verificar de manera instantánea los antecedentes tanto de los conductores actuales como de los nuevos solicitantes. Esto facilitaría una aplicación de la ley más específica, ágil y permitiría intervenciones tempranas antes de que ocurran incidentes.
Hasbi enfatizó que el gobierno también está adoptando un enfoque más amplio, yendo más allá de responsabilizar únicamente a los conductores. Ahora exigirá responsabilidades directas a los operadores de flotas para garantizar que monitoreen activamente la disciplina, los antecedentes y las cualificaciones actualizadas de los conductores que emplean.
“Usted paga al conductor, usted contrata al conductor, usted también debe monitorear y ser responsable de su conductor”, declaró el viceministro con firmeza. “El incumplimiento de estos requisitos por parte de los operadores puede dar lugar a medidas coercitivas severas, incluida la suspensión o revocación definitiva de sus licencias de operador”.
Respecto a las medidas de control existentes, indicó que los conductores de vehículos pesados ya están sujetos a las disposiciones de la Ley de Transporte por Carretera de 1987. Estas disposiciones incluyen la suspensión o revocación de las licencias de conducir, así como de las licencias profesionales como la de Vehículo de Servicio Público (PSV) y la de Conducción de Mercancías (GDL).
Informó que las estadísticas del JPJ muestran la aplicación rigurosa de estas normas: entre 2023 y 2025, se suspendieron 715 licencias GDL y 293 licencias PSV debido a infracciones graves o reiteradas.
Asimismo, Hasbi destacó que el gobierno está implementando de forma gradual, pero firme, la obligatoriedad del dispositivo limitador de velocidad (SLD) para todos los vehículos comerciales. Esta medida busca reducir drásticamente los riesgos de conducción peligrosa, con un enfoque particular en combatir el exceso de velocidad, una de las principales causas de accidentes graves.
“Al 14 de enero de 2026, un total de 63.127 de 513.679 vehículos comerciales, es decir, aproximadamente el 12%, habían instalado el SLD de manera cumplidora”, afirmó. “El JPJ continuará con las inspecciones y medidas de control de forma permanente hasta lograr el cumplimiento total”.
Añadió que el gobierno también está haciendo un hincapié estratégico en la formación continua y el desarrollo de competencias para los conductores como una medida preventiva a largo plazo. Esto incluye una propuesta concreta para introducir cursos de rehabilitación obligatorios para los titulares de licencias profesionales suspendidas, propuesta que actualmente está siendo revisada en detalle por el Ministerio de Transporte y el JPJ.
“Esta iniciativa se está considerando seriamente como una mejora sustancial de los enfoques de control existentes”, explicó Hasbi. “Busca incorporar elementos modernos de educación vial, rehabilitación conductual y corrección profunda de actitudes de riesgo”.
Finalmente, indicó que el gobierno ya está implementando el Sistema de Calificación de Seguridad para Operadores de Autobuses de Malasia (MBOSR), desarrollado por el Instituto Malasio de Investigación de Seguridad Vial (MIROS). Este sistema evalúa de manera estandarizada el desempeño en seguridad de los operadores.
“La implementación plena de este sistema de calificación permite analizar los historiales de seguridad de los operadores de forma más sistemática y objetiva”, concluyó el viceministro. “Esta información será utilizada de manera decisiva por la APAD al considerar la concesión de nuevas licencias, la renovación de permisos y la aplicación de medidas administrativas correctivas”.
— NNN-BERNAMA
