BOGOTÁ, 29 de enero (NNN-AGENCIAS) — Con votación 5-4, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para las personas que firmaron el acuerdo de paz, que dejaron la guerrilla de las Farc y que están en proceso de reincorporación y hacen parte del Partido Comunes.
Al estudiar cinco tutelas presentadas por excombatientes ubicados en Nariño y Guaviare que reclamaban medidas de protección por amenazas y riesgos de seguridad en sus territorios por presencia de grupos armados, la Corte estimó que existe una grave crisis que ha afectado de modo fuerte sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz.
Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, se aprobó la creación, en dos meses, de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional que verificará las órdenes dictadas en este fallo para la materialización del componente de garantías de seguridad de los excombatientes.
Esto implica que la Corte les dará a múltiples entidades del Estado órdenes concretas y que hará un proceso de verificación de su cumplimiento, a través de indicadores, en un trámite similar al que actualmente adelanta el alto tribunal al fallo de tutela T-025 de 2004, que declaró un estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado.
La decisión se tomó con los votos positivos de las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo, y los magistrados Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes y Alejandro Linares. En contra votaron los magistrados Alberto Rojas, Jorge Enrique Ibáñez, Gloria Ortiz y Paola Meneses.
En una declaración de prensa, la magistrada ponente, Cristina Pardo, explicó que tras estudiar cinco tutelas se evidenció que, en efecto, “sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección”, y dictó órdenes puntuales al respecto.
Pero, además, teniendo en cuenta el alto número de firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinados, 303 hasta finales de 2021, según las Naciones Unidas, y el “bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados”, decidió declarar el estado de cosas inconstitucionales.
En ese sentido, se ordenó a la Procuraduría adoptar un mecanismo especial de vigilancia de este fallo, junto con la Defensoría del Pueblo. No obstante, como se explicó, el seguimiento lo hará la Corte para, dijo la magistrada Pardo, “que se logre la superación del ECI”.
“En tres meses, el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de dicha sala”, dijo la magistrada Pardo.
La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional que “adopte las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el acuerdo final de paz que han sido objeto de desarrollo legal y constitucional, de modo que se facilite la reinserción o reincorporación efectiva y pronta en la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares, entendiendo que esto contribuye a su seguridad personal”.
Además, se le ordenó al Gobierno que inicie los trámites para que haya suficiente presupuesto para que los firmantes del acuerdo que ejercen actividades de liderazgo político o social y que comparecen ante el Sistema Integral de Paz gocen de la protección necesaria.
La inédita sentencia de la Corte Constitucional, igualmente, le ordenó al Gobierno que, de manera inmediata, dé cumplimiento al Decreto 299 de 2017, sobre los recursos financieros, físicos y humanos para el implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección.
Y se deberán priorizar los municipios y regiones más afectados por la violencia de los grupos armados, entre los cuales están 25, mencionados por las Naciones Unidas, en Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Además, se le ordenó a la UNP que en los cuatro meses siguiente debe revaluar el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz y quienes integran el Partido Comunes, así como otras personas que estén en situación similar, priorizando los esquemas de protección colectiva de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR).
La inédita sentencia de la Corte Constitucional, igualmente, le ordenó al Gobierno que, de manera inmediata, dé cumplimiento al Decreto 299 de 2017, sobre los recursos financieros, físicos y humanos para el implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección.
Y se deberán priorizar los municipios y regiones más afectados por la violencia de los grupos armados, entre los cuales están 25, mencionados por las Naciones Unidas, en Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Además, se le ordenó a la UNP que en los cuatro meses siguiente debe revaluar el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz y quienes integran el Partido Comunes, así como otras personas que estén en situación similar, priorizando los esquemas de protección colectiva de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR).
— NNN-AGENCIAS
