TEGUCIGALPA, 2 abr (NNN-TELESUR) — Carla Paredes, quien se desempeñó como secretaria de Salud de Honduras durante el mandato de Xiomara Castro (2022-2026), criticó el martes la declarada emergencia sanitaria del Gobierno del presidente Nasry Asfura, y argumentó que se ha convertido en un instrumento para avanzar en la privatización de la salud pública en el país centroamericano.
Al señalar que, lejos de resolver la mora quirúrgica acumulada, la medida se ha transformado en una herramienta para desmontar capacidades del sistema público y empujar a la población hacia servicios privados, Paredes denunció el despido sistemático de médicos especialistas y personal técnico en hospitales clave como el de Santa Bárbara.
«¿Cuánto vale, señores, un vascular en la privada? Estaba en el hospital de Santa Bárbara y se los han quitado. Un internista estaba en el hospital de Santa Bárbara y se los han quitado. ¿Por qué creen que han quitado a los técnicos en radiología? Para que vayan a pagar a la privada estudios de rayos X», remarcó la exfuncionaria en declaraciones a medios locales.
Paredes describió la narrativa oficial de una emergencia en salud como una mentira que ha servido de cobertura para decisiones administrativas orientadas a vaciar centros sanitarios públicos. «Así de dolorosa es nuestra realidad. Lo dijimos siempre (sobre la emergencia en salud), es mentira, no existe. A veces uno calla para no parecer necio con tanta mentira. A veces el silencio es lo mejor, porque desafortunadamente muchos hondureños no quieren oír la verdad», sostuvo.
Las declaraciones de la exministra coinciden con el malestar creciente dentro del gremio médico hondureño, que ha sostenido jornadas de asamblea en protesta por las desvinculaciones laborales y por lo que consideran un manejo técnico deficiente de la supuesta emergencia. Legisladores como Carlos Umaña han calificado las políticas sanitarias actuales como una “masacre laboral”, advirtiendo sobre el interés del sector privado en aprovechar el debilitamiento del sistema público.
En Honduras se denuncia un intento de privatización de la salud, lo que se suma a un preocupante déficit de 18.000 médicos en el país, según estimaciones de organizaciones profesionales del sector. Paredes mencionó además el encarecimiento de productos básicos y combustibles, que agrava la situación de los pacientes, quienes ahora enfrentan un sistema debilitado y mayores gastos de bolsillo para acceder a atención médica.
A su juicio, el país transita hacia un escenario donde el acceso a la salud dependerá cada vez más de la capacidad de pago de las familias, profundizando las desigualdades sociales.
El Gobierno declaró emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y afirmó que el objetivo era «mejorar la atención y garantizar el abastecimiento de insumos». Sin embargo, críticos y sectores sociales exigen transparencia en la gestión de los recursos asignados y garantías de que no se utilizará la medida para favorecer intereses privados en detrimento del derecho universal a la salud.
— NNN-TELESUR
