NACIONES UNIDAS, 26 mar (NNN-UNIS) — La violencia desatada por grupos armados, fuerzas de seguridad, empresas militares privadas y grupos de autodefensa en Haití dejó al menos 5.519 muertos y 2.608 heridos entre marzo de 2025 y enero de 2026, según un informe publicado el martes por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que detalla que las pandillas han extendido su dominio más allá de la capital tomando control de rutas marítimas y terrestres clave.
Durante el último año, las pandillas han expandido su radio de acción desde Puerto Príncipe hacia las afueras y hacia el norte, fortificando “corredores estratégicos” y manteniendo el control sobre rutas clave que les permiten financiarse y operar. Aterrorizan a la población con asesinatos, secuestros, trata de niños, cobro de peajes ilegales y saqueos. “Las pandillas siguieron utilizando la violencia sexual para sembrar el miedo, someter y castigar a la población”, detalla el informe.
La violencia perpetrada por las bandas causó al menos 1.424 muertos y 790 heridos. Entre marzo y diciembre de 2025, al menos 1.571 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, en su mayoría violaciones colectivas. Otras, incluidos niños, fueron coaccionadas a mantener “relaciones sentimentales” con miembros de pandillas y sometidas a explotación sexual prolongada, un mecanismo de control y dominación que las bandas utilizan para consolidar su poder territorial.
Las operaciones contra las bandas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad causaron al menos 3.497 muertos y 1.742 heridos. El informe documenta el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, con 247 casos de ejecuciones sumarias perpetradas o frustradas contra presuntos pandilleros que dejaron 196 muertos y 51 heridos, en operaciones que en muchos casos no contaron con investigaciones judiciales posteriores.
Desde marzo de 2025, una empresa militar privada contratada por el gobierno ha participado en operaciones de seguridad, utilizando ataques con drones y helicópteros. “Algunas, o incluso la mayoría, de estas operaciones podrían calificarse como ejecuciones selectivas”, advierte el informe, dado el uso aparentemente premeditado, intencionado y deliberado de la fuerza letal contra personas identificadas específicamente de antemano.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado, denunció en rueda de prensa en Ginebra que “desde marzo de 2025, una empresa militar privada, supuestamente contratada por el Gobierno haitiano, ha participado en operaciones de seguridad, entre las que se incluyen ataques con drones y disparos desde helicópteros”. La ONU advierte que no parece haberse abierto ninguna investigación judicial para establecer la legalidad de estas operaciones.
Los grupos de autodefensa y las turbas que practican la llamada “justicia popular” también han sido responsables de linchamientos de presuntos pandilleros, a menudo con piedras, machetes y, cada vez más, armas de alto calibre, causando al menos 598 muertos y 76 heridos. “Algunos asesinatos fueron supuestamente alentados, apoyados o facilitados por elementos de la policía”, señala el documento.
“La impunidad por violaciones y abusos de derechos humanos sigue imperando”, subraya el informe, que advierte que no existe un mecanismo de rendición de cuentas que permita a las víctimas acceder a la justicia. La ONU destaca que la corrupción y la falta de investigaciones judiciales permiten que tanto las bandas como los agentes estatales actúen sin consecuencias legales.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades a proporcionar seguridad respetando plenamente los derechos humanos, y subrayó que los esfuerzos para reforzar el Estado de derecho, especialmente en los sectores de justicia y detención, deben seguir siendo una prioridad para combatir la corrupción y la impunidad.
Sobre la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas creada por el Consejo de Seguridad, Türk advirtió que solo será efectiva a largo plazo si se acompañan de esfuerzos más sólidos para identificar, detener, investigar y procesar a quienes financian, organizan y apoyan las actividades de las pandillas. “También es crucial tomar medidas para reducir las grandes disparidades socioeconómicas en Haití como parte de un proceso más amplio para restaurar la cohesión social”, concluyó.
El informe de la ONU llega en un momento en que Haití enfrenta una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes, con más de 5.000 desplazados en los últimos meses y un sistema de salud al borde del colapso. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada de violencia y ha instado al gobierno haitiano a tomar medidas urgentes para proteger a la población civil y restaurar el orden constitucional.
— NNN-UNIS
