PUERTO PRÍNCIPE, 22 oct (NNN-TELESUR) — Haití registra un nuevo brote de cólera en el departamento Oeste, con 132 casos sospechosos confirmados en una sola semana, alertó el Ministerio de Salud, mientras la capital, Puerto Príncipe, se hunde en una crisis humanitaria alimentada por la violencia de bandas armadas y el colapso del Estado.
La enfermedad, que entre 2010 y 2017 mató a casi 10.000 personas tras ser introducida por soldados de la ONU, vuelve en un contexto de desplazamiento masivo: más de 1,4 millones de personas han huido de sus hogares por la inseguridad, viviendo en campamentos precarios sin acceso a agua potable, saneamiento o servicios médicos.
Aunque un primer aumento de casos en abril fue contenido por ONGs y equipos de salud, la tendencia se aceleró desde septiembre. El Ministerio advierte que la tasa de positividad supera el 8 %, lo que indica una transmisión activa en la comunidad, y teme una subnotificación generalizada.
“La enfermedad no se propaga por casualidad: se propaga por negligencia”, señala Sergeline Nazulus, enfermera en el Hospital Lapè, el único centro público que aún funciona en la capital. “En Petionville, las calles están llenas de basura, las aguas residuales corren entre los vehículos, y la alcaldía no actúa. ¿Cómo no va a haber cólera?”.
Más del 80 % de la población de Puerto Príncipe no tiene agua corriente en casa y debe comprarla en camiones cisterna o recogerla de lluvia. Los baños químicos en los campamentos de refugiados, sin mantenimiento, se convierten en focos de contaminación. Las ONGs intentan llenar el vacío, pero sus recursos son insuficientes.
El Hospital Lapè, abarrotado, atiende no solo casos de cólera, sino heridos por balas, accidentes y enfermedades crónicas. “Cada día es más difícil. Los médicos y enfermeros están agotados”, dice Nazulus.
La tragedia recuerda el origen del brote de 2010, cuando residuos sanitarios de un campamento de cascos azules nepalíes fueron vertidos en el río Artibonite, contaminando fuentes de agua de cientos de comunidades. Aunque la ONU reconoció su responsabilidad, nunca pagó indemnizaciones a las familias de las víctimas.
“Lo que vivimos ahora es la consecuencia directa de la irresponsabilidad del Estado y la indiferencia internacional”, resume la enfermera. “El mismo sistema que falló en 2010, sigue fallando hoy”.
— NNN-TELESUR
