WASHINGTON, 25 jun (NNN-CUBADEBATE) — La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el lunes una barrera legal clave, permitiendo al Gobierno del presidente Donald Trump reanudar de inmediato la deportación de migrantes hacia naciones que no son sus países de origen.
Esta decisión constituye otra victoria importante en la agenda migratoria restrictiva del gobierno de Trump, al negar a los afectados la posibilidad de presentar argumentos sobre los riesgos graves –incluido el peligro de tortura– que podrían enfrentar en los llamados “terceros países”.
Los magistrados levantaron una orden judicial previa que obligaba al Gobierno a otorgar a los inmigrantes designados para deportación una “oportunidad significativa” para exponer sus razones ante las autoridades migratorias.
Según reportes, este proceso habría dado la posibilidad de alertar sobre amenazas específicas en los destinos asignados mientras se resolvía un recurso legal pendiente sobre la política.
La medida de la Corte Suprema, emitida sin firma ni motivación escrita —como es habitual en decisiones urgentes—, revierte una orden del juez federal Brian Murphy en Boston, dictada el pasado 18 de abril. Esta había suspendido temporalmente las deportaciones bajo esta controvertida política.
La decisión generó una fuerte disidencia. La jueza Sonia Sotomayor, respaldada por los otros dos magistrados liberales del tribunal, criticó duramente la postura de la mayoría, calificándola como un “abuso flagrante” del uso discrecional del poder judicial.
“Aparentemente, el tribunal considera que miles de personas sufriendo violencia en lugares remotos es más aceptable que la remota posibilidad de que un juez haya excedido su alcance al ordenar al Gobierno que brinde notificación y audiencia a quienes tienen derecho constitucional y legal a ello”, escribió Sotomayor en su disenso.
“Ese uso de la discrecionalidad es tan incomprensible como inexcusable”, agregó.
El caso tiene su origen en febrero, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció medidas para agilizar las deportaciones hacia “terceros países”, entendidos como naciones con las que EE.UU. mantiene acuerdos migratorios, pero que no son necesariamente los países de origen de los migrantes.
Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron entonces una acción colectiva en nombre de un grupo específico de migrantes que enfrentaban deportación inminente, denunciando que se les negó cualquier aviso previo o vía legal para presentar objeciones fundadas.
El juez Murphy había determinado anteriormente, en mayo, que el Gobierno violó su propia orden al intentar deportar a Sudán del Sur a un grupo de migrantes sin seguir los nuevos procedimientos establecidos. Señaló que Sudán del Sur es un país de alta inestabilidad política caracterizada por “la delincuencia, los secuestros y los conflictos armados”.
Como resultado de esa intervención judicial, el Gobierno estadounidense tuvo que detener temporalmente las deportaciones, alojando a los afectados en una base militar en Yibuti.
Entre los migrantes retenidos se encuentra un ciudadano de Sudán del Sur; el resto provienen de Cuba, México, Laos y Vietnam. La decisión de la Corte Suprema permite ahora reanudar su posible deportación inmediata a esos destinos.
— NNN-CUBADEBATE
