CIUDAD DE PANAMÁ, 24 jun (NNN-TELESUR) — Una nueva ola de represión sacude Panamá. El Gobierno del presidente José Raúl Mulino decretó un estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro —fronteriza con Costa Rica— entre el 20 y el 25 de junio, dejando un saldo preliminar de 192 detenidos, un muerto y decenas de heridos, según denuncias ciudadanas. La medida, justificada oficialmente por “actos de vandalismo”, responde a las protestas contra la Ley 462 (reforma de pensiones), y ha generado fuertes críticas de defensores de derechos humanos.
El decreto presidencial suspende garantías fundamentales como el derecho a la reunión, la protesta, el libre tránsito, el hábeas corpus, la inviolabilidad del domicilio y hasta la libertad religiosa. En la práctica, permite detenciones sin orden judicial ni explicación (art. 21-22), la suspensión del hábeas corpus (art. 23), allanamientos arbitrarios (art. 26-27), control sobre dispositivos electrónicos (art. 29), y censura en redes sociales, incluso de reuniones sociales o religiosas (art. 37-38).
La aprobación de la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones, fue el detonante. Aunque los bloqueos en Bocas del Toro se habían suspendido, la detención de tres líderes sindicales reactivó las protestas. Desde entonces se reportan represión violenta, cortes de comunicaciones, desapariciones forzadas y tratos degradantes, especialmente contra la población indígena. Se han documentado casos de hombres desnudados, rapados y exhibidos públicamente por agentes de seguridad.
Además del joven de 24 años asesinado por disparos en un punto de control, no hay cifras oficiales sobre heridos o víctimas civiles. La información es escasa y está siendo restringida, ya que las autoridades han limitado el acceso a internet y telefonía móvil en zonas clave.
Este contexto no puede entenderse sin recordar la historia reciente: muchos manifestantes actuales son hijos y sobrinos de quienes sufrieron ceguera durante la represión encabezada por Mulino cuando era ministro de Seguridad. Hoy, como mandatario nacional, enfrenta nuevamente a los mismos sectores con medidas aún más duras.
Mulino, quien en el pasado pidió a la izquierda “irse a vivir a dictaduras”, aplica ahora políticas que evocan precisamente eso: un régimen autoritario en pleno siglo XXI.
— NNN-TELESUR
