RAMALA, 4 oct (NNN-PRENSA LATINA) — Más de mil 200 prisioneros palestinos iniciaron el miércoles una huelga de hambre de 24 horas en respaldo a su compatriota Kayed Al-Fafsous, quien dejó de ingerir alimentos desde hace 63 días para exigir su liberación.
El Club de Prisioneros Palestinos explicó en un comunicado que se adoptó la medida ante “la intransigencia de los tribunales de ocupación y sus servicios de inteligencia en responder a las demandas de Al-Fasfous de poner fin a su detención administrativa”.
Según la fuente, en total unos mil 280 presos, de diversas facciones, respaldan la protesta.
El Comité Supremo de Emergencia de los Prisioneros, que agrupa a representantes de las agrupaciones palestinas, advirtió el martes que “no se quedará de brazos cruzados y no permitirá que se repita bajo ninguna circunstancia lo ocurrido con el mártir Khader Adnan”, quien falleció en mayo tras 87 días de huelga de hambre.
Sistemáticamente numerosos reclusos encerrados bajo la llamada detención preventiva inician protestas por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que esa norma viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
El pasado mes la organización no gubernamental Hamoked reveló que Israel mantiene tras las rejas a mil 264 palestinos sin cargo ni juicios, la cifra más alta en tres décadas.
No ha habido tantos palestinos en detención administrativa desde el primer levantamiento o Intifada (1987-1993), alertó el grupo en un comunicado, que cita los últimos datos del Servicio Penitenciario.
La decisión de poner a un palestino bajo detención administrativa la adopta el comandante militar regional sin acusación ni juicio, cuestionó recientemente el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem).
“Según la ley militar que se aplica en Cisjordania, una persona puede ser detenida administrativamente durante seis meses, pero la orden puede prorrogarse, por lo cual la reclusión en la práctica es indefinida y los detenidos nunca saben cuándo serán liberados”, criticó.
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