LONDRES, 19 abr (NNN-SABA) — Setenta y cinco miembros del Parlamento británico firmaron un memorándum parlamentario urgente (EDM 2822) exigiendo que su gobierno adopte medidas punitivas disuasorias contra las autoridades israelíes en respuesta a sus planes de anexión de territorios en Cisjordania ocupada y a sus crecientes violaciones del derecho internacional.
El memorándum, presentado por el diputado Richard Burgon, según informó la Agencia de Noticias Palestina WAFA, condena enérgicamente la decisión del gobierno israelí, emitida en febrero pasado, de legalizar la expropiación de tierras palestinas en Cisjordania y registrarlas como “propiedad estatal”, calificando este plan como un acto ilegal destinado a saquear aún más tierras palestinas.
Los parlamentarios basaron su memorándum en la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024, que afirma que la ocupación de los territorios palestinos es ilegal y debe cesar de inmediato.
El memorándum subrayó la necesidad de que el Reino Unido cumpla con sus obligaciones internacionales cesando todo apoyo que contribuya a la perpetuación de la ocupación e impidiendo toda actividad comercial que impulse la expansión de los asentamientos. Instó al gobierno británico a prohibir el comercio y la inversión en bienes y servicios producidos en los asentamientos construidos en territorio palestino ocupado, imponer sanciones selectivas, incluyendo prohibiciones de viaje y congelación de activos, contra personas y entidades cómplices de la perpetuación de la ocupación, suspender de inmediato el acuerdo comercial entre el Reino Unido e Israel, e imponer un embargo de armas integral y completo a la potencia ocupante.
Analistas en derecho internacional destacan que esta iniciativa parlamentaria refleja la creciente preocupación de la comunidad internacional ante la expansión de asentamientos en territorios palestinos ocupados, mientras que organismos de derechos humanos han reiterado su llamado a todos los Estados a cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario, la Cuarta Convención de Ginebra y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prohíben la transferencia de población civil a territorios ocupados y exigen el cese de todas las actividades de asentamiento.
— NNN-SABA
