BRASILIA, 18 abr (NNN-TELESUR) — Una investigación conjunta entre la Fundación Rosa Luxemburgo y la Organización No Gubernamental (ONG) Fase alertó que la minería podría causar la pérdida de 13,4 millones de hectáreas destinadas a la reforma agraria en Brasil. Esta superficie representa el 19,1 % de las tierras adjudicadas a familias campesinas, lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria y la continuidad de las comunidades rurales.
Verena Glass, investigadora de la fundación, explicó que el estudio cruzó datos de la Agencia Nacional de Minería con los registros de asentamientos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). El análisis detectó que una normativa aprobada durante la gestión de Jair Bolsonaro facilita la transferencia de estas áreas hacia actividades industriales, mineras y de generación de energía eólica.
El proceso permite que las empresas registren zonas de interés ante el Estado, obteniendo licencias de investigación y operación incluso sobre tierras habitadas. Según Glass, el argumento legal se basa en que el subsuelo pertenece a la Unión, lo que deja a los agricultores desprotegidos frente a la incursión de grandes corporaciones extractivas en sus territorios.
Los impactos para las familias residentes incluyen la contaminación de suelos y el agotamiento de fuentes hídricas, ya que la minería demanda volúmenes masivos de agua. Esta situación compromete directamente la producción de alimentos de pequeña escala, que es el sustento básico de miles de pobladores en regiones como el noreste brasileño.
Organizaciones sociales y movimientos que trabajan en el campo han manifestado su profunda preocupación por la expansión de estos proyectos bajo el amparo de la Instrucción Normativa 112. Denuncian que la prioridad otorgada al sector minero y energético sobre la agricultura familiar genera una densidad poblacional insostenible y el desplazamiento de los trabajadores.
El estudio subraya que, a diferencia de los territorios indígenas o áreas de conservación, los asentamientos de la reforma agraria carecen de blindaje legal suficiente. La comunidad internacional y los movimientos agrarios exigen una revisión de estas concesiones para proteger el derecho a la tierra y la preservación del medio ambiente en Brasil.
Expertos en desarrollo rural destacan que la protección de las tierras destinadas a la reforma agraria es fundamental para garantizar la soberanía alimentaria, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, mientras que organismos internacionales han reiterado su llamado a los gobiernos a equilibrar las políticas de desarrollo económico con los derechos de las comunidades tradicionales y la conservación de los recursos naturales, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional ambiental.
— NNN-TELESUR
