LA PAZ, 11 abr (NNN-TELESUR) — En Bolivia, la crisis de la gasolina contaminada persiste por más de tres meses, afectando a miles de ciudadanos cuyos automóviles sufren daños severos. Pese a las acusaciones de corrupción generalizada, la gran pregunta sobre la responsabilidad se mantiene intacta, pues no se han observado acciones concretas, procesos judiciales ni sanciones correspondientes contra los presuntos responsables.
El ministro de Hidrocarburos evita comparecer sobre esta problemática ante el Congreso, a pesar de que la convocatoria de la Asamblea Legislativa cuenta con el respaldo de más del 90 % de los legisladores de partidos de oposición. La falta de explicaciones oficiales ha incrementado las críticas en torno a la calidad del combustible que se comercializa en el país, generando incertidumbre entre los usuarios y el sector transporte.
La diputada del Partido Demócrata Cristiano, Helen Patiño, denunció hechos de corrupción vinculados al caso y aseguró que la mala calidad del combustible ha provocado daños en miles de vehículos, incluido el suyo. Por su parte, la senadora del Partido Libre, Tomasa Yarhui, cuestionó las versiones ofrecidas hasta ahora por las autoridades, que han atribuido el problema a la gasolina importada, a fallas en cisternas, errores de operadores e incluso a posibles sabotajes internos, sin que hasta el momento se hayan iniciado investigaciones ni sanciones concretas.
En medio de la controversia, también surgieron cuestionamientos por la paralización de un estudio técnico que debía realizar la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Jaime Sánchez, director de la carrera de Ingeniería Mecánica e investigador de la UMSA, explicó que el equipo académico tenía previsto trabajar junto al Instituto de Química para verificar la calidad de la gasolina, pero el proyecto fue suspendido antes de su inicio por una orden superior. Sánchez detalló que incluso se había diseñado un plan para ingresar a la planta de Sencata con investigadores y estudiantes, con el objetivo de recolectar muestras y emitir reportes diarios.
A más de tres meses del inicio del problema, la denominada “gasolina basura” sigue siendo importada y comercializada en el país, lo que mantiene la preocupación por los daños a los motores de los vehículos. Sánchez puso en duda las explicaciones oficiales y denunció que los contratos de adquisición del combustible permanecen bajo reserva en la estatal Yacimientos, lo que impide una fiscalización transparente. Ante esta situación, el Legislativo conformó una comisión que tendrá un plazo de cuatro meses para investigar el caso. La controversia coincide, además, con un incremento de aproximadamente el 100 % en el precio interno del combustible y con un aumento significativo en los costos de importación en comparación con la anterior Administración.
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