LA PAZ, 10 abr (NNN-TELESUR) — El sector transportista y las autoridades del Gobierno boliviano reanudaron el pasado martes las mesas de trabajo en las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Oruro.
La medida de fuerza afectó severamente el tránsito interdepartamental y las conexiones internacionales, dejando al menos más de 30 camiones de carga varados en tramos fundamentales para el comercio exterior de la nación andina.
Las negociaciones se retomaron tras un primer intento fallido el lunes 6 de abril, donde participó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, sin alcanzar acuerdos concretos sobre las demandas del sector.
Los huelguistas exigen soluciones inmediatas a la crisis de suministros que afecta sus operaciones, denunciando que la falta de estabilidad golpea la economía de los trabajadores del volante.
La Administración estatal busca restablecer el orden y garantizar el flujo de hidrocarburos, mientras las organizaciones sociales del transporte mantienen la presión en las calles hasta obtener garantías reales que protejan su derecho al trabajo y la soberanía económica regional.
Los transportistas de las ciudades de La Paz y El Alto en marzo decidieron suspender el paro indefinido que mantuvieron durante el mes, luego de alcanzar un acuerdo estratégico con el Gobierno boliviano.
El entendimiento se concretó en una reunión de alto nivel donde participaron los ministros de la Presidencia, Hidrocarburos y Economía, estableciendo mecanismos soberanos para supervisar la calidad de los combustibles.
Esta medida respondió a las denuncias del sector sobre carburantes contaminados que afectaron a miles de vehículos, por lo que se creó una comisión conjunta encargada de verificar los estándares de energía directamente en las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
La Administración estatal se comprometió en aquel momento a ampliar los esquemas de compensación económica para los transportistas afectados, permitiendo indemnizaciones inmediatas y recurrentes según el daño reportado.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, explicó que el objetivo central fue asegurar que los recursos energéticos cumplieran con las normativas técnicas requeridas para el funcionamiento del parque automotor nacional.
Por su parte, el dirigente Edson Valdez confirmó que el levantamiento de los bloqueos contó con el respaldo de todas las federaciones, aunque advirtió que las bases retomarían las protestas si las autoridades incumplían los compromisos asumidos en la mesa de diálogo por lo cual en la actualidad siguen en mesas de negociaciones.
Según registros oficiales de YPFB, las compensaciones por combustible de mala calidad ascendieron a más de cuatro millones de bolivianos, beneficiando a más de dos mil trescientos usuarios que iniciaron sus procesos de reclamo.
Los pagos se programaron a través del Banco Unión para garantizar la transparencia en la entrega de recursos a los choferes damnificados. Aquella movilización, que exigió la atención directa del Ejecutivo y cambios en la gestión de las entidades energéticas, finalizó con la promesa de una fiscalización rigurosa que protegiera la economía popular y la operatividad de este sector fundamental para la integración del país.
— NNN-TELESUR
