JERUSALÉN, 28 mar (NNN-TELESUR) — El Comité de Seguridad Nacional del Knesset israelí aprobó el miércoles un proyecto de ley para imponer la pena de muerte a detenidos y rehenes palestinos, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, avanzando así hacia una votación final programada para la próxima semana.
La iniciativa, originada en el partido Otzma Yehudit liderado por Ben-Gvir, incluye una versión revisada que elimina la autoridad del asesor jurídico del Gobierno, otorgando a los tribunales mayor facultad para dictar sentencias capitales contra palestinos acusados de ataques calificados como “nacionalistas o relacionados con la seguridad”. Cabe destacar que esta normativa no se aplica a sospechosos judíos acusados de asesinar palestinos.
Según información difundida por medios israelíes, los tribunales podrán imponer una sentencia de muerte incluso si la fiscalía no la solicita expresamente. Además, no se requerirá una decisión unánime de los jueces; una mayoría simple será suficiente para aprobar la ejecución.
Los parlamentarios israelíes planifican someter el proyecto a votación definitiva durante la próxima semana. Legisladores introdujeron enmiendas recientes tras la presión del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien advirtió previamente que la versión anterior excedía los estándares de pena capital de otros países y podría exponer a Israel a desafíos diplomáticos y legales.
El texto establece que las ejecuciones se llevarían a cabo mediante ahorcamiento. Un guardia penitenciario, designado por el comisionado del Servicio Penitenciario israelí, sería el encargado de ejecutar la sentencia. Las autoridades mantendrían en secreto la identidad de los implicados y les otorgarían plena inmunidad legal.
Adicionalmente, la normativa indica que los detenidos serían ubicados en centros de detención separados. Las visitas quedarían restringidas únicamente a personas autorizadas, y los abogados se comunicarían con los reclusos mediante videollamadas en lugar de reuniones presenciales. La ley también establece un plazo de hasta 90 días para realizar las ejecuciones tras la sentencia, con la asistencia de un director de prisión, un representante judicial, un observador oficial y un representante de la familia.
El último borrador elimina las referencias al enjuiciamiento de los implicados en la operación de resistencia del 7 de octubre. Sin embargo, amplía las facultades de los fiscales e introduce normas más estrictas, especialmente en la Cisjordania ocupada, donde la pena de muerte podría ser obligatoria en ciertos casos.
Ben-Gvir ha sido un defensor histórico de la ejecución de rehenes palestinos. Su ministerio ya ha endurecido las condiciones de detención, en medio de crecientes informes de organizaciones de derechos humanos sobre abusos, torturas y negación de derechos fundamentales.
Cabe destacar que las fuerzas israelíes han detenido y tomado como rehenes a ciudadanos palestinos mientras estos se encontraban en territorios palestinos. Estas acciones, sin justificación por la ausencia de delitos cometidos en territorio israelí y, en muchos casos, sin cargos legales formales contra los detenidos, se fundamentan en pretensiones ilegítimas de Israel. Al carecer de autoridad para establecer una ley penal sobre la población palestina en esos territorios, estas detenciones contravienen gravemente el derecho internacional humanitario y diversas normativas de derechos humanos.
En paralelo, Israel asesinó a cinco palestinos en Gaza, continuando las violaciones del alto el fuego en la región. Desde octubre de 2025, las transgresiones por parte de soldados israelíes han resultado en al menos 677 muertos y 1.813 heridos en la Franja de Gaza.
— NNN-TELESUR
