La Policía Federal Argentina reprime una protesta contra la flexibilización de la Ley de Glaciares

BUENOS AIRES, 27 feb (NNN-TELESUR) — Un grupo de activistas de Greenpeace fue arrestado por la Policía Federal Argentina (PFA) tras una protesta simbólica en las escalinatas del Palacio Legislativo en Buenos Aires. La manifestación se produjo pocas horas antes de que la Cámara de Senadores debatiera la modificación de la Ley de Glaciares, promovida por el Gobierno de Javier Milei, que propone flexibilizar la protección de las zonas periglaciares para favorecer inversiones en megaminería e hidrocarburos.

Foto: Greenpeace Argentina

Los manifestantes instalaron inodoros y pancartas con un mensaje directo a los legisladores: “Senadores, no se caguen en el agua”. Al menos una docena de ellos fue detenida por la PFA minutos después de iniciar la acción. Periodistas que cubrían el evento también sufrieron agresiones, entre ellos un camarógrafo de A24, quien fue agredido y llevado por la fuerza.

Greenpeace denunció que la ley se trata de manera apresurada, en sesiones extraordinarias, sin debate público ni participación federal, mientras que las fuerzas de seguridad muestran intolerancia hacia la protesta social y la cobertura periodística. Según explicaron científicos y expertos como el geólogo y glaciólogo Lucas Ruiz, la iniciativa no redefine de manera precisa qué se considera ambiente periglacial, sino que entrega a las provincias la potestad de decidir qué áreas proteger, lo que debilita los estándares nacionales de conservación.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich, en respuesta a los hechos, aseguró que el policía que agredió al camarógrafo fue sumariado, aunque intentó desligarse de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, actividad que ella misma promovió durante su gestión como ministra de Seguridad. La Ley de Glaciares, vigente desde 2010, protege las zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe cualquier actividad que comprometa su integridad. La reforma propuesta, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, permitiría el avance de proyectos extractivistas en áreas protegidas, mientras delega en las provincias la definición de los límites de conservación.
— NNN-TELESUR

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