WASHINGTON, 21 feb (NNN-TELESUR) — En una decisión histórica 6-3, la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump bajo una ley de poderes de emergencia, asestando un golpe central a uno de los pilares de su agenda económica y de política comercial.
El fallo, redactado por el presidente del tribunal John Roberts, establece que la potestad de imponer tributos —incluidos aranceles— pertenece inequívocamente al Congreso. Los marcos del acuerdo no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Ejecutivo, escribió Roberts, subrayando que la Constitución no habilita al Presidente a fijar o modificar impuestos de manera unilateral.
El litigio giró en torno a la interpretación de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ley de 1977 que permite al Presidente regular transacciones económicas durante emergencias nacionales. La administración Trump sostuvo que la facultad de “regular la importación” incluía implícitamente la potestad de establecer aranceles.
La mayoría del tribunal rechazó ese argumento, señalando que el texto legal no contiene una delegación expresa del poder tributario. Históricamente, el Congreso, cuando ha delegado facultades arancelarias, lo ha hecho de forma explícita y con límites estrictos.
Roberts fue categórico al afirmar que el hecho de que ningún Presidente anterior hubiera utilizado la IEEPA para imponer aranceles constituye un indicio poderoso de que tal autoridad simplemente no existe. Un elemento central del fallo fue la aplicación de la denominada “major questions doctrine”, principio jurisprudencial que exige una autorización clara del Congreso cuando el Ejecutivo pretende adoptar medidas de enorme impacto económico y político.
Para la mayoría, los aranceles “recíprocos” impuestos en abril de 2025 —que afectaron a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos— encajan precisamente en esa categoría de medidas de trascendencia estructural. Roberts dejó claro que no existe una excepción de emergencia a esta doctrina y que la política exterior no puede utilizarse como argumento para eludir límites constitucionales en materia tributaria.
La mayoría estuvo integrada por seis magistrados, incluidos tres conservadores. Disintieron los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Kavanaugh argumentó que, desde el punto de vista textual e histórico, la IEEPA sí autorizaba la medida y advirtió que el fallo podría generar consecuencias administrativas caóticas, particularmente en materia de devoluciones.
El Departamento del Tesoro había recaudado más de 133.000 millones de dólares en virtud de los aranceles aplicados bajo la IEEPA. A diez años, el impacto proyectado superaba los tres billones de dólares. El tribunal no resolvió si las empresas tienen derecho automático a reembolsos, pero dejó abierta la puerta a litigios masivos.
Grandes minoristas y pequeñas empresas ya han iniciado acciones judiciales reclamando devoluciones. La eventual restitución de miles de millones de dólares podría convertirse en un proceso complejo y prolongado, con implicaciones fiscales y administrativas significativas.
Más allá de su impacto comercial, el fallo constituye una reafirmación contundente del principio de separación de poderes. La Constitución asigna al Congreso la facultad de establecer y recaudar impuestos, aranceles y contribuciones. La Corte sostuvo que permitir al Ejecutivo invocar poderes de emergencia para imponer aranceles globales sin límites equivaldría a trasladar una competencia estructuralmente legislativa al Presidente, alterando el equilibrio institucional diseñado por los fundadores.
La decisión representa la primera gran derrota judicial de la segunda Administración Trump en la Corte que él mismo ayudó a configurar con tres nombramientos durante su primer mandato. Aunque el fallo no impide que el Presidente utilice otras leyes comerciales —más limitadas y sujetas a procedimientos formales—, restringe severamente el uso de la IEEPA como instrumento arancelario general.
El impacto en negociaciones comerciales en curso y en acuerdos bilaterales aún es incierto. Funcionarios europeos ya han solicitado claridad sobre los próximos pasos de Washington. El caso establece un precedente relevante sobre los límites del poder ejecutivo en contextos de emergencia económica.
— NNN-TELESUR
