SEÚL, 14 ene (NNN-TELESUR) — La Fiscalía de Corea del Sur solicitó el martes la pena de muerte contra el expresidente Yoon Suk-yeol, a quien acusa de organizar una rebelión tras decretar de manera temporal la ley marcial en diciembre de 2024. La petición fue presentada durante la audiencia final del juicio por insurrección, celebrada en el Tribunal del Distrito Central de Seúl.
El Ministerio Público reclamó la sanción más severa al considerar que la imposición de la ley marcial constituyó un intento de subvertir el orden constitucional. No obstante, la eventual aplicación de la pena capital resulta poco probable, debido a que Corea del Sur mantiene una moratoria de ejecuciones vigente desde hace casi cuatro décadas. El tribunal prevé emitir su veredicto a comienzos de febrero, según informaron medios locales.
Los hechos se remontan al 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon decretó la ley marcial con el fin de frenar su destitución y acusó a la oposición de mantener vínculos con Corea del Norte, una afirmación que los partidos opositores calificaron de «ridícula«.
Entre las disposiciones adoptadas se encontraban la clausura del Parlamento, la suspensión de las actividades políticas y el control de los medios de comunicación por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, un grupo mayoritario de legisladores logró acceder a la Asamblea Nacional y aprobó el levantamiento de la disposición, decisión que el entonces presidente terminó acatando.
Tras ese episodio, Yoon fue sometido a un proceso de destitución que el Tribunal Constitucional ratificó el 4 de abril. El exmandatario es investigado por presuntos delitos de traición, rebelión y abuso de poder, mientras que las pesquisas también se extienden al exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y a altos mandos militares involucrados en la ejecución de la orden.
Por su parte, la exprimera dama Kim Keon-hee fue detenida por acusaciones relacionadas con manipulación de valores, interferencia electoral y aceptación de sobornos.
Asimismo, más de una veintena de personas han sido imputadas en el marco de la investigación, entre ellas el exministro del Interior Lee Sang-min, el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia Cho Tae-yong y el ex primer ministro Han Duck-soo, señalados por presunto falso testimonio ante el Tribunal Constitucional y la Asamblea Nacional.
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