QUITO, 3 oct (NNN-CUBADEBATE) — Las protestas que comenzaron el 22 de septiembre en Ecuador han dejado hasta la fecha un saldo de un muerto, 92 heridos, 63 detenciones, 11 personas “desaparecidas temporalmente” y 143 casos documentados de vulneraciones de derechos humanos, según un informe de la Alianza por los Derechos Humanos del país.
La víctima mortal fue identificada como Efraín Fuérez, líder indígena de 46 años reconocido por su labor comunitaria en Mingas, quien murió baleado el 28 de septiembre durante un operativo militar en la región de Imbabura.
La Alianza, conformada por 14 organizaciones surgidas tras el paro nacional de 2019, responsabilizó al Estado de la escalada de violencia y advirtió que “persiste el riesgo para quienes se manifiestan, hacen cobertura periodística o brindan asistencia humanitaria”.
Según el reporte, el 70 % de las violaciones fueron cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con más de la mitad de los incidentes concentrados en Imbabura. Quito y Cotopaxi también registraron cifras elevadas, con 30 y 10 casos respectivamente.
La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) denunció una “represión armada desproporcionada” y detenciones arbitrarias durante la noche del 30 de septiembre. Aseguró que un grupo de comuneros desarmados —entre ellos mujeres y adultos mayores— fue interceptado violentamente, resultando seis detenidos, uno de ellos con lesiones graves en la cabeza y el rostro.
Por su parte, el gobierno reportó 12 militares heridos y 17 retenidos por manifestantes (todos liberados posteriormente), además de dos policías secuestrados en Chimborazo mientras intentaban reabrir una carretera.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” y llamó al respeto del derecho a la protesta pacífica. En Ecuador, la Asamblea Nacional ha iniciado investigaciones, aunque dividida entre dos comisiones que disputan competencias sobre el control de la Fuerza Pública.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, calificó la muerte de Fuérez como un “crimen de Estado” y ratificó la continuidad de las movilizaciones. Por otro lado, la Federación de Pueblos Kichwa de la Sierra Norte anunció una “tregua temporal” como gesto de buena fe para facilitar un eventual diálogo, aunque subrayó que “la resistencia sigue firme”.
La prensa también ha sido afectada: Fundamedios y la Alianza por los DD.HH. contabilizaron nueve ataques a la libertad de expresión, incluyendo agresiones físicas, gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias contra periodistas. Equipos de Radio Pichincha y Associated Press denunciaron daños a sus vehículos durante coberturas en Quito.
En un acto inusual, un grupo de militares pidió públicamente perdón por la muerte de Fuérez en Cotacachi, encendiendo velas y guardando un minuto de silencio con la comunidad local.
— NNN-CUBADEBATE
