SANTIAGO, 9 ago (NNN-TELESUR) — La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) rechazó este jueves la iniciativa coordinada entre el Senado y la Corte Suprema para facilitar la liberación de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973–1990).
En una declaración pública, la organización expresó su “más absoluto rechazo” ante lo que calificó como un intento de otorgar beneficios penitenciarios a responsables de crímenes de lesa humanidad, amparándose en su avanzada edad y deterioro de salud.
«Ante la coordinada iniciativa de la Cámara del Senado y la Corte Suprema de buscar mecanismos para otorgar libertad a condenados por violaciones a los Derechos Humanos, amparándose en su avanzada edad y estado de salud, nuestra agrupación de familiares manifestamos nuestro más absoluto rechazo», afirmó la AFEP.
La organización recordó que los delitos cometidos durante la dictadura incluyen más de 3.500 casos de ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas y exilios, muchos de los cuales fueron ejecutados con la participación de civiles que aún permanecen en impunidad.
Además, la AFEP denunció la histórica complicidad del Poder Judicial durante la dictadura: «Resulta particularmente indignante que el Poder Judicial, que durante los 17 años de dictadura civil-militar fue cómplice, desoyendo recursos de amparo y negando justicia, hoy se muestre preocupado y sensible ante los responsables».
El proyecto de ley cuestionado (Boletín N° 17.370-17), promovido por senadores de derecha como Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel y Luz Ebensperger, propone la suspensión condicional de penas o el cumplimiento en régimen domiciliario para personas mayores, enfermos terminales o con discapacidad grave.
Aunque sus impulsores aseguran que no busca beneficiar a criminales de guerra, la AFEP lo considera un mecanismo que abre la puerta a la impunidad. Criticaron especialmente que muchos de los beneficiarios fueron oficiales y agentes del Estado con alto grado de responsabilidad, no simples subalternos.
El 30 de junio, la Segunda Sala de la Corte Suprema otorgó arresto domiciliario total con control telemático a cinco exmiembros de la Armada condenados por secuestros y torturas entre 1973 y 1975, argumentando su avanzada edad.
Organizaciones como Londres 38, espacio de memoria y justicia, calificaron esta decisión de “inadmisible”, al violar estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y omitir la consulta a las víctimas.
La AFEP recordó que, más de 50 años después del golpe de Estado, aún no se ha esclarecido el paradero de 1.100 detenidos desaparecidos, y que las condenas han sido tardías y desproporcionales.
«Las actuales iniciativas legislativas y judiciales atentan contra la garantía de no repetición y envían una señal de incivilidad, bajo un falso manto de humanidad que encubre impunidad», concluyeron. Reafirmaron: «La memoria, la verdad y la justicia no son negociables».
— NNN-TELESUR
