PANAMÁ, 19 jun (NNN-TELESUR) — El movimiento Alianza Pueblo Unido por la Vida cumple el martes 56 días consecutivos de huelga nacional, sin que el gobierno del presidente José Raúl Mulino haya mostrado disposición a modificar la polémica Ley 462, ni a dialogar sobre las reivindicaciones laborales y sociales planteadas por sindicatos y organizaciones populares.
Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), anunció que el gremio docente continuará con la huelga indefinida, ratificando esta decisión junto a otros sectores sociales que integran la Alianza.
“Garantizar pensiones justas es esencial para la clase trabajadora”, señaló Ábrego, quien denunció que hasta ahora la respuesta del gobierno ha sido represiva, con despliegues de fuerzas de seguridad contra manifestaciones pacíficas. “Hemos denunciado la represión salvaje y la violación sistemática de los derechos laborales”, expresó.
Origen de la protesta: la Ley 462 y el acuerdo militar con EE.UU.
La huelga se inició como rechazo a la Ley 462, impulsada por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente Mulino, quien se niega a revisarla o derogarla. La normativa fue ampliamente criticada por afectar los derechos laborales y las condiciones de jubilación de los trabajadores del sector público.
El 28 de abril pasado, la protesta se extendió con la adhesión de diversos sectores laborales, entre ellos trabajadores de la construcción, la salud, la educación, bananeros y pueblos originarios, bajo la coordinación de la Alianza Pueblo Unido por la Vida.
Entre las demandas también figura la defensa de la soberanía nacional, específicamente en relación al memorando firmado entre Panamá y Estados Unidos que autoriza el despliegue de tropas estadounidenses en territorio panameño bajo el pretexto de proteger el Canal de Panamá frente a “amenazas externas”.
Los movimientos sociales califican el acuerdo como una entrega de la autonomía nacional y una muestra de subordinación del Ejecutivo a intereses extranjeros. Las organizaciones ciudadanas consideran que el pacto representa una grave injerencia militar en asuntos internos y forma parte de una política alejada del interés popular.
Operación Omega y represión en Bocas del Toro
Durante un encuentro celebrado el martes, los integrantes de la Alianza expresaron su apoyo a la población de Bocas del Toro, donde desde el sábado han sido desplegados más de 1.300 efectivos de seguridad dentro de la llamada “Operación Omega”, diseñada para contener las protestas en la región.
En un comunicado, la Alianza denunció que dicha operación busca sembrar el miedo entre la población civil y reprimir el derecho a la protesta. “Rechazamos la ‘Operación Omega’ en Bocas del Toro, donde hay un pueblo que resiste y no se dejará intimidar por la política de terror que pretende imponer este Gobierno”, afirmó.
La acción represiva dejó al menos una persona fallecida en Rambala tras una carga policial con gases lacrimógenos. Aunque agentes reportaron haber encontrado a un hombre herido en la espalda durante la dispersión de una marcha, fuentes médicas confirmaron su muerte horas después en un centro hospitalario.
La Asociación Universitaria Reforma Estudiantil responsabilizó directamente al gobierno de Mulino por el hecho y expresó su rechazo absoluto ante lo que calificó como un asesinato político y estatal.
— NNN-TELESUR
