BUENOS AIRES, 11 jun (NNN-CUBADEBATE) — La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó el martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández, en un fallo que ha generado amplio rechazo en sectores políticos y sindicales del país. El dictamen, firmado por los magistrados Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, fue calificado como “un operativo de proscripción judicial” por analistas y figuras del peronismo.
El fallo desató protestas en todo el país y movilizaciones que bloquearon importantes vías de acceso a Buenos Aires. En respuesta al veredicto, Fernández acusó al tribunal de actuar bajo las órdenes del “poder económico concentrado” de Argentina. Durante un encuentro con militantes reunidos en la sede del Partido Justicialista (PJ), afirmó: “La verdad es que esta Argentina que gobierna Milei no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario le agregaron el cepo al voto popular”.
Además, criticó duramente a los jueces de la Corte, a quienes llamó “triunvirato de monigotes” al servicio de intereses económicos. Recordó cómo tras el intento de atentado en su contra en 2022, algunos medios anticipaban que “la bala que no salió, el fallo que sí saldrá”, en referencia a lo que considera una persecución judicial orquestada.
El dictamen, sin embargo, absolvió a Fernández del delito de asociación ilícita, uno de los principales cargos presentados por la Fiscalía en instancias anteriores. A pesar de ello, la sentencia la inhabilita de por vida para ocupar cargos públicos, impidiendo así su candidatura como diputada en la provincia de Buenos Aires, para la cual había anunciado su postulación de cara a las elecciones locales del 7 de septiembre.
En su mensaje a la militancia, Fernández expresó que ser encarcelada sería “un certificado de dignidad”. Advirtió que, aunque sea presa, esto no resolverá los graves problemas que enfrenta Argentina. “Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios”, declaró.
El oficialismo y sectores opositores interpretan el fallo como un episodio más del lawfare utilizado contra líderes populares en América Latina, como ocurrió con Lula da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador. Para ellos, la decisión judicial busca eliminar del escenario político a una figura clave del peronismo que podría competir nuevamente por la presidencia.
La Corte justificó su decisión argumentando que no se afectaron garantías constitucionales ni el equilibrio democrático. Sin embargo, rechazó los planteamientos de la defensa sobre la parcialidad de jueces y fiscales, así como cuestionamientos a la incorporación de pruebas durante el proceso.
Por su parte, las federaciones sindicales anunciaron un paro nacional en repudio a la sentencia. Desde el bloque legislativo del PJ, el senador José Mayans denunció que “tienen miedo de que Cristina arrase en la provincia de Buenos Aires y sea la próxima presidenta de la nación”.
Dado que Fernández tiene más de 70 años, podrá cumplir su condena bajo prisión domiciliaria, probablemente en su departamento de San Cristóbal. No obstante, aseguró que “no podrán acallarme”.
La condena también provocó reacciones internacionales. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su respaldo a Fernández en redes sociales, denunciando la judicialización política como un instrumento de la derecha contra líderes progresistas. “Reafirmamos nuestro invariable apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante este nuevo episodio de judicialización política”, escribió.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reiteró el apoyo de su país “al pueblo argentino en defensa de la soberanía y la dignidad”, calificando la sentencia como un “claro acto de venganza y amenaza”.
El fallo llega en un contexto de alta polarización política en Argentina, donde las tensiones entre el oficialismo y la oposición siguen marcando el rumbo del país.
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