CIUDAD DE PANAMÁ, 6 may (NNN-TELESUR) — La posibilidad de retomar la actividad minera ha encendido las alarmas en diversos sectores populares en Panamá, especialmente por el temor a que se utilicen estrategias legales controversiales para facilitar la reapertura.
El mandatario José Raúl Mulino declaró públicamente que no se recurrirá a la figura de un «contrato-ley», buscando diferenciarse de administraciones anteriores y prometiendo una “real asociación” en la que la mina pertenezca a Panamá.
Sin embargo, estas declaraciones no han logrado disipar las dudas sobre la protección de los intereses nacionales ni calmar la preocupación de quienes recuerdan los graves impactos ambientales y sociales que dejó la gestión minera anterior.
Organizaciones ambientales y comunidades cercanas a los proyectos mineros advierten sobre riesgos que van mucho más allá de lo legal. Señalan la falta de laboratorios certificados para el monitoreo ambiental, la ausencia de consultas ciudadanas y el déficit en información geológica, lo que dificulta una supervisión adecuada y transparente. Además, persisten denuncias sobre la vulneración de derechos humanos y la falta de diálogo con comunidades indígenas y organizaciones sociales.
El diagnóstico del sector minero en Panamá revela serias deficiencias: un marco legal desactualizado, permisos poco claros, recaudación insuficiente y una fiscalización deficiente. Estos vacíos han permitido que problemas como la contaminación del agua, la destrucción de ecosistemas y la afectación directa a miles de personas sigan sin solución.
Mientras el gobierno niega la existencia de contaminación directa del agua y promueve la minería como motor de reactivación económica, la sociedad civil y, especialmente, la juventud panameña, mantienen su rechazo a la reapertura.
— NNN-TELESUR
