WASHINGTON, 28 abr (NNN-TELESUR) – Abogados defensores de los derechos de los inmigrantes y activistas de derechos civiles han expresado su preocupación por las condiciones extremas de aislamiento y represión que enfrentan los inmigrantes detenidos en la Base Naval de Guantánamo, en Cuba. Según una nueva demanda presentada el sábado, estos individuos carecen de acceso a asistencia legal y comunicación privada con sus familiares.
La demanda, interpuesta en nombre de dos ciudadanos nicaragüenses detenidos en la base, describe un ambiente de “miedo e intimidación” que viola los derechos constitucionales al debido proceso y a la confidencialidad entre abogados y clientes. Las condiciones en Guantánamo son descritas como más restrictivas que en centros de detención en territorio continental estadounidense, prisiones regulares e incluso custodias militares durante conflictos bélicos.
Los letrados solicitan a un juez federal en Washington que intervenga en favor de todos los inmigrantes enviados a Guantánamo, un lugar que el gobierno de Donald Trump utiliza como destino para aquellos considerados “los peores”, con órdenes definitivas de deportación.
“Los oficiales en Guantánamo han creado un clima de miedo e intimidación donde los detenidos temen comunicarse libremente con sus abogados”, se lee en la demanda. Además, se denuncia que las llamadas telefónicas están siendo monitoreadas, lo que genera temor a represalias.
Según testimonios recogidos, las interacciones entre abogados y clientes son limitadas y deben realizarse a través de altavoces con oficiales presentes, debilitando el derecho a la privacidad profesional. También se reportaron casos de abuso físico y psicológico, como la desnudez forzada durante inspecciones o el confinamiento en celdas sin ventilación ni luz durante días.
Johon Suazo-Muller, uno de los detenidos nicaragüenses, declaró: “Solo he podido hablar con mi familia unas 20 veces desde mi llegada. Cada llamada dura cinco minutos y no puedo dar detalles sobre mi situación”.
La denuncia también critica la falta de transparencia del gobierno y pide una revisión urgente de las políticas implementadas en la base naval, señalando que estas medidas violan principios fundamentales de derechos humanos.
— NNN-TELESUR
